(Redacción Ibarra).– La controversia por un predio ubicado en el sector de Priorato continúa generando preocupación entre decenas de familias que habitan el lugar. Lo que inició con un proceso judicial de ejecución y remate de acciones y derechos sobre el inmueble derivó esta semana en un operativo de desalojo que terminó con enfrentamientos entre ocupantes y miembros de la fuerza pública.

Según consta en el expediente judicial 10333-2015-01234, el proceso de ejecución concluyó con la adjudicación del 50% de las acciones y derechos del bien a favor de Nubia del Rocío Tatamues Enríquez. Posteriormente, el juez Pablo Enrique Vintimilla dispuso la inscripción de dicha adjudicación en el Registro de la Propiedad, dando por cumplida la fase de ejecución correspondiente al remate.

De acuerdo con la documentación revisada por los moradores, el otro 50% de acciones y derechos del inmueble pertenecería al ejecutante dentro de la causa, quien además habría actuado como depositario judicial durante el proceso.

Los habitantes sostienen que, una vez inscrita la adjudicación, el juez ya no tenía competencia para resolver controversias relacionadas con la copropiedad ni para determinar físicamente qué parte específica del terreno correspondía a la rematista. Señalan que esta posición quedó reflejada en una providencia emitida el 7 de octubre de 2025, en la que se habría negado una solicitud para que se singularizara o delimitara el 50% adjudicado, argumentando que dicho trámite debía ventilarse por otra vía judicial.

La situación tomó un giro inesperado meses después. Los afectados denuncian que, pese a haberse declarado incompetente para resolver aspectos inherentes a la división de la copropiedad, en enero de 2026 se emitió una nueva providencia que dispuso el desalojo y descerrajamiento de viviendas ubicadas dentro del predio.

Los moradores cuestionan que la medida no habría individualizado cuáles construcciones debían ser objeto de la diligencia, pese a que las viviendas se encuentran distribuidas en distintas áreas de la propiedad y no existe una partición previa que determine con precisión qué espacios corresponden al porcentaje adjudicado.

La mañana de ayer, la orden judicial fue ejecutada con el apoyo de la fuerza pública. Sin embargo, el operativo derivó en momentos de tensión y enfrentamientos entre efectivos policiales y ocupantes del predio, quienes intentaron impedir el ingreso a las viviendas.

Los residentes aseguran que muchas de las familias han habitado el sector durante varios años y que algunas cuentan con documentos de promesas de compraventa legalmente notarizadas. Además, afirman que entre los afectados existen adultos mayores, personas con discapacidad y menores de edad.

Como consecuencia del procedimiento, varias familias denunciaron haber quedado temporalmente impedidas de ingresar a sus viviendas y pertenencias.

Los habitantes reiteran su pedido de intervención a las autoridades competentes para que se revise la legalidad de las actuaciones posteriores al remate y se determine si las diligencias ejecutadas se ajustaron al marco jurídico aplicable a los casos de copropiedad.

Hasta el cierre de esta edición, no se había conocido un pronunciamiento oficial de las autoridades judiciales respecto a los cuestionamientos planteados por los moradores.